lunes, 15 de febrero de 2016

La Asamblea Nacional y agenda económica de mediano plazo (1/3)

Diputado José Guerra
Todos coinciden: el triunfo político de la Unidad el pasado 6D fue categórico, de gran trascendencia, un verdadero misil a la línea de flotación del chavismo. Pero sobre lo que parece hay menos acuerdo es sobre en qué consiste exactamente el mandato mayoritario recibido por la oposición.

O mejor dicho, cada uno interpreta dicho mandato de acuerdo a sus propias prioridades o partido. Están, por un lado, los que quieren que la AN sea el ariete de la transición política post-chavismo; por otro lado, están los que quieren que la AN legisle para aliviar la grave crisis de servicios públicos y abastecimiento que padecemos; luego, están los que quieren que aumente las fiscalizaciones del poder y persiga a los corruptos; le siguen los que exigen concentrar sus esfuerzos en la defensa de los DD.HH. y la liberación de presos políticos y; por último, los que quieren que la oposición, desde el púlpito de la AN, proponga, asuma y ordene la ejecución del programa de medidas de ajuste económico para sacar a Venezuela del atolladero. Es a estos últimos a quienes va dirigido mi comentario.

Lo cierto es que, hasta ahora, la AN ha tenido que jugar al equilibrista para avanzar en todos esos frentes simultáneamente. El mandato, resulta ahora obvio, es tan diverso como diversa es la coalición de los mandantes. Pero, repito, es sobre el rol económico de la nueva AN a lo que quiero referirme en este texto.

Creo firmemente en que la desquiciada forma oficialista de conducir la economía, debe encontrar en la nueva AN un muro de contención en lo conceptual, en lo político y en lo programático. Creo también que el personaje de la foto que acompaña este post, tiene un rol particularmente relevante en este sentido. Creo además, que en un año como 2016, cuando la economía se encuentra al borde de la desintegración, la AN emerge naturalmente como la única referencia de una forma alternativa de hacer las cosas.

Dicho lo anterior, soy de los que piensan que si bien el control sobre la AN le otorga amplios atributos a la oposición, su margen de maniobra para implementar cambios de políticas económicas es muy limitado. No es el objetivo de este post discutir sobre la diferencia entre diseño e implementación de políticas, ni sobre quién tiene el monopolio de lo segundo, así que me limitaré a decir que es sencillamente imposible pensar en dirigir, promulgar y/o promocionar un ajuste económico como el que requiere Venezuela, desde un poder distinto al ejecutivo. La tesis de que se puede llevar al ejecutivo de Maduro y Co. a un ajuste económico nariceado desde la AN es simplemente irreal, irrealizable e inconveniente.

Pero creo que hay mucho que la oposición puede hacer en materia económica desde la AN. Algunas cosas ya han sido señaladas por colegas o están en la agenda legislativa de la Unidad. Pero quisiera enfocarme en la agenda de mediano plazo, porque creo que la oposición debe utilizar su nueva tribuna para prepararse para gobernar a Venezuela. La unidad debe aprovechar la oportunidad estratégica que le otorgan sus recién estrenados poderes legislativos para empezar la reconstrucción -o construcción- de la institucionalidad económica sobre la cual gobernará. Recuérdese que partimos desde un punto donde lo poco que había en pie antes de 1999, ha sido completamente destruido tras 17 años de barbarie en política económica. Legislar en este sentido, no solo me parece que es prioritario, sino que sería una señal clara de la vocación de poder y de la orientación económica de un futuro gobierno de la Unidad.

Fíjese que paradójicamente, la catastrófica baja en los precios del petróleo que, al demoler lo que quedaba del "modelo" económico chavista, tiene a nuestra población sufriendo las peores penurias, ofrece una oportunidad de oro para hacer lo que nunca hemos hecho: construir instituciones económicas para la moderación en tiempos de abundancia.

Venezuela, la fiesta, la resaca

Venezuela, siempre se ha dicho, es como el tipo irresponsable que se gana la lotería y se gasta todo lo ganado -y más- en una bacanal interminable de la cual solo le queda la resaca. Aún más grave, el tipo del cuento -Venezuela-, se ha ganado esa lotería no una vez, sino varias veces, y una y otra vez se mete la misma rumba y termina con el mismo ratón.

Venezuela, por supuesto, no tiene que estar condenada a repetir la misma conducta. Yo argumento que la actual coyuntura ofrece la oportunidad de prepararnos para  el próximo ciclo. Podemos crear los mecanismos para que cuando la suerte vuelva, que siempre vuelve, tratar de llevar la fiesta en paz, disfrutar con moderación, y evitar a toda costa que la fiesta termine como terminaban casi siempre las fiestas en mi pueblo: en llanto y botellazos. Es cierto que no hay nada más difícil, políticamente hablando, que legislar para tiempos de vacas flacas, cuando las vacas, robustas y con visible sobrepeso, están sentadas a la mesa gozando del banquete. No hay nada menos popular que un político aguafiestas. Debe ser por eso que CAP I dijo aquello de “administrar la abundancia con criterio de escasez”, justo antes de hacer exactamente lo contrario.

Pero siguiendo la misma lógica es en un momento como el actual, de precios bajos del petróleo, donde puede resultar políticamente viable proponer mecanismos contra los excesos en tiempos de abundancia, ya que esos tiempos lucen hoy implausibles y lejanos. La actualidad ofrece ventajas en tres sentidos: (i) legislar con respecto al uso de ingresos extraordinarios no representa una amenaza inmediata para nadie en este momento, pues son mecanismos que están lejos de hacerse efectivos; (ii) erigir una arquitectura fiscal para la estabilidad no requiere un esfuerzo fiscal hoy, y por tanto no representa conflicto distributivo alguno, y; (iii) tomar medidas de esta naturaleza no amenaza los resultados electorales de ningún grupo o facción.

La referencia a la lotería más arriba era una forma coloquial de decir que el principal problema de las finanzas públicas venezolanas es su alto grado de vulnerabilidad frente a los vaivenes del mercado petrolero global. Como consecuencia, el desempeño fiscal venezolano ha sido inestable, poco creíble y nada transparente. Venezuela no es, por supuesto, el único país que enfrenta problemas similares en el plano fiscal. La mayoría de los países de nuestra propia región enfrentan problemas similares, y muchos, los más serios, han puesto en pie un andamiaje institucional para tratar de mitigar los efectos perversos de la volatilidad de los precios de los commodities sobre las gestiones fiscales.

A riesgo de generalizar un contexto institucional que tiene claros matices entre países, yo diría que la respuesta de política típica para enfrentar el problema fiscal en países que dependen del ingreso volátil de un commodity, se basa en los siguientes tres pilares:

Ley de Responsabilidad y Prudencia Fiscal: Para reglamentar los parámetros de comportamiento de las gestiones fiscales de todos los niveles de gobierno: nacional, regional y municipal. Este tipo de instrumentos generalmente impone límites implícitos a los ejercicios fiscales deficitarios, al poner parámetros nominales al crecimiento de algunos rubros del gasto corriente y reglamentar el uso del endeudamiento adicional. En muchos países, estas leyes reglamentan lo que el ejecutivo puede hacer y no hacer fiscalmente en un año electoral.
Ley de Estabilidad Fiscal: Para adoptar una regla fiscal estructural que permita aislar las finanzas públicas de los efectos transitorios de la volatilidad petrolera y del ciclo económico. La de la regla fiscal estructural es crear las condiciones para que el estado ahorre en momentos de boom, y gaste más cuando el ciclo se revierta. Esta ley debe incluir la creación del Fondo de Estabilización Fiscal, que permitiría un marco transparente de acumulación y desacumulación de los ingresos fiscales extraordinarios -cuando los hubiera-.
Ley del Consejo Nacional de Política Económica: Para crear un panel de asesores, con participación del ejecutivo y el legislativo, pero esencialmente independiente de ambos, para proveer un bien público de particular importancia para la estabilidad económica en Venezuela: los supuestos de base para la formulación del presupuesto de la nación. Solo independizando la fuente de los supuestos macroeconómicos (inflación, tipo de cambio, precio del petróleo, crecimiento del PIB, etc.), de la formulación del presupuesto en sí mismo, se podrá evitar, por ejemplo, el abusivo uso discrecional de niveles artificiales de precio del petróleo para despojar a las regiones de los recursos que le corresponden. Un ente como este debe estar a cargo de formular también los supuestos de base para la regla fiscal estructural y el fondo de estabilización, descritos en el punto anterior.


A mi juicio, empezar a debatir una agenda de reformas económicas de mediano plazo es una forma efectiva y de bajo costo de invertir el capital político de la oposición. Empezar a reconstruir la institucionalidad económica  del país será una señal clara de que la transición ha comenzado.

Empecemos. 

1 comentario:

  1. Incluso se podría ser más audaz y meter un texto realmente radical a través de una enmienda constitucional. No sé, un artículo todo volado ahí que si

    "Se establecerá por ley un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles nacional, regional y municipal, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento del fondo tendrán como principios básicos la eficiencia, equidad y no discriminación entre las entidades públicas que aporten recursos al mismo."

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